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domingo, 25 de octubre de 2009

APRA contrató a BTR para campaña 2006



Jueza Martínez desentraña pesquisas.

El líder nacionalista Ollanta Humala se presentaría esta semana ante el 34º Juzgado Penal de Lima, que dirige la jueza María Martínez, para ser considerado como tercero civilmente agraviado en el caso de espionaje telefónico, lo que le permitirá reclamar los documentos que tienen que ver con su caso.
LA PRIMERA ha recibido la información de que entre los secretos mejor guardados por la jueza Martínez, estarían un conjunto de facturas giradas al Partido Aprista por servicios prestados durante la campaña electoral del 2006.

En los últimos días han desfilado numerosas personas por los pasillos del Poder Judicial buscando que no se hagan públicos los audios que ahora saben que Business Track les grabó con el simpático Bieto y otros personajes, y en los que salen a la luz las diversas conspiraciones de este país de complotadores.

Este diario ha podido saber de buena fuente que no sólo se trata de algunos jueces que ya empezaron a renunciar o adelantarse a reconocer que aceptaban gestiones poco ortodoxas a nombre del presidente de la república, sino directores de medios de comunicación, empresarios privados y políticos de distintos colores. Hay evidente desesperación por impedir el estallido de los “audio bomba”, o cuando menos para reducir sus efectos como se hizo con una parte de los “vladivideos”.

Pero tal vez más grave de lo que se escucha en las grabaciones o lo que aparece en los mails interceptados, sea saber quiénes recurrían a solicitar estos servicios. LA PRIMERA ha recibido la información de que entre los secretos mejor guardados por la jueza Martínez, que sigue el caso de los chuponeos electrónicos, estarían un conjunto de facturas giradas al Partido Aprista por servicios prestados durante la campaña electoral del 2006. ¿Cuáles podrían haber sido estas actividades especializadas contratadas cuando Alan García era candidato a la presidencia? Todo indicaría que el APRA pagó para interceptar los teléfonos y correos del candidato nacionalista Ollanta Humala y sus colaboradores. La gran movida de estos días es impedir que los documentos probatorios sean mostrados.

A comienzos de octubre, el periodista Gorriti presentó un libro denominado “Petroaudios”, en cuyo lanzamiento se indicó que una de sus revelaciones era el chuponeo realizado contra Ollanta durante las elecciones. Efectivamente, lo que hace el libro es dar como verdad que hubo tal interceptación ilegal y que García estuvo trabajando con Ponce Feijóo desde las elecciones y que por eso lo premió con un extraño ascenso en los primeros meses del gobierno, cuando el marino ya se encontraba en situación de retiro. En la semana, “Caretas” y “La República”, han vuelto sobre el tema, entregando la relación de interceptados entre los que figuran Humala y su esposa, Gonzalo García Núñez (ex candidato a la vicepresidencia), Martín Belaunde, entre otros. Ninguno dice de dónde viene esta información, pero la dan por cierta. Pero esto sólo puede significar que las fuentes no quieren ser puestas al descubierto.

La insistencia en el tema de parte de un periodista y un medio que fueron muy hostiles a la campaña de Ollanta y celebraron su derrota, parece responder, sin embargo, a una comprobación de que este asunto, por su gravedad, no va a poder ser ocultado demasiado tiempo. De hecho está saliendo la información casi licuada, como para que se diga que no nos deberíamos sorprender porque en el Perú a medio mundo lo chuponean. Debe ser que existe una verdadera montaña de información sobre las últimas elecciones presidenciales para que se hayan empezado a romper los diques. Lo que indica, además, que los documentos probatorios van a hacerse públicos los próximos días. El peloteo entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Congreso, acerca de la supuesta “reserva” de la investigación, sería la expresión de la desesperación que existe en estos momentos.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación