Si en 20 días no ponen fin a su pretensión de disolver Aidesep y no cesa persecución de dirigentes empezarán protestas. Anuncian marcha de cinco suyos.

Ultimátum al gobierno

La Noticia En Archivo octubre Interes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 En Portada Turismo en Europa Juegue Sudokus Columna del Director Si en 20 días el gobierno no pone fin a la persecución judicial contra los dirigentes nativos, no cumple con los acuerdos adquiridos con las comunidades indígenas y persiste en su pretensión de disolver la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); entonces los dirigentes nativos se retirarán de las Mesas de Diálogo y reactivarán la lucha amazónica. A este acuerdo llegaron anoche los máximos líderes de Aidesep, quienes sostuvieron una reunión de urgencia en Lima ante el pedido de la Procuraduría de cerrar definitivamente esta organización. Durante la mañana el secretario nacional de organización de Aidesep, Saúl Puerta, y otros dirigentes expresaron su deseo de no romper el diálogo con el gobierno. “Con todas las formas de amedrentamiento el gobierno nos quiere hacer pisar el palito para que digan después que los pueblos indígenas se retiraron por intolerantes. Todos estos acosos y esta persecución por parte del gobierno hace peligrar la credibilidad de las mesas, pero nosotros no nos vamos a retirar. Vamos a continuar exigiendo que se cumpla con los acuerdos y los compromisos del gobierno”, sostuvo Puerta. Sin embargo, la información de que el gobierno tranza por debajo de la mesa con la “nueva directiva” de Aidesep pesó más en la decisión de las bases nativas, que decidieron finalmente dar un ultimátum al gobierno. Ocurre que por documentos oficiales los dirigentes nativos confirmaron ayer que el gobierno intenta sabotear el diálogo, ya que por un lado incluye en las Mesas de Diálogo a la dirigencia de Aidesep que sigue teniendo a Alberto Pizango como su presidente, y por otro lado tranza con la “nueva dirigencia” de Aidesep y realiza gestiones para entregarle a esta última dinero del Estado, con la intención expresa de “contrarrestar la política establecida por los ex dirigentes indígenas de dicha organización”. Bajo la Mesa Este doble juego queda manifestado en documentos cursados entre funcionarios del Estado, oficios a los que LA PRIMERA tuvo acceso. El 2 de octubre de 2009, a través del oficio Nº 1220-2009-PCM/SC, el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa (aprista), le envía un documento al presidente ejecutivo de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Amazónicos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista (aprista), para que atienda el pedido de dinero para la “nueva dirigencia” de Aidesep. Según este documento, “el nuevo consejo directivo de Aidesep solicita apoyo económico para el funcionamiento de una comisión organizadora de emergencia “para contrarrestar la política establecida por los ex dirigentes indígenas de Aidesep”. Con el oficio Nº 083-2009-INDEPA/ST Mayta Cápac responde que la dirigencia no reconocida les entregará presupuesto del Estado en el ejercicio presupuestal del año 2010. Cinco Suyos Ante esto, Saúl Puerta y Vladimiro Tapayauri reafirmaron la idea de realizar próximamente una movilización, que han denominado “Marcha de los Cinco Suyos”. “Los acuerdos no se están cumpliendo y continúan las mecidas, Aidesep tiene un acuerdo con el Congreso para derogar los decretos, pero esto tampoco está siendo cumplido. Si esto continúa los pueblos van a pronunciarse y harán un llamado a una marcha pacífica a nivel nacional, será convocada en los Cinco Suyos de los Pueblos Indígenas Amazónicos”, señaló el dirigente indígena tras dejar en claro que los pueblos indígenas ya no desean realizar movilizaciones que terminen en hechos luctuosos como los del pasado 5 de junio en la “Curva del Diablo”. “Solicitamos al premier Javier Velásquez que la resolución para dialogar e investigar el caso de Bagua se haga a través de un Decreto Supremo, es decir, un marco legal para que todo lo que hagamos en adelante tenga sentido, pero tampoco han hecho eso”, cuestionó Saúl Puerta, quien la semana pasada regresó de Nicaragua, donde tenía asilo político.

Nuera de Del Castillo en puesto para clientelismo

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La abogada Lozada decide qué se hace con lo incautado a los narcotraficantes.
“Sin duda, el ministro del Interior y la abogada Patricia Lozada se sienten culpables y están evitando dar la cara”, aseguró el ex ministro Fernando Rospigliosi.

Gana 10 mil soles en oficina de control de incautaciones del narcotráfico del Ministerio del Interior y no responde a la prensa. “La han puesto ahí con miras a las próximas elecciones”, dice ex ministro.

Para el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, no cabe duda que la presencia de la nuera del ex premier Jorge del Castillo, Patricia Lozada Valderrama, esposa de “Miguelito” del Castillo, como directora de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), es clave para las próximas elecciones municipales y regionales y hasta presidenciales pues los bienes incautados al narcotráfico, trabajo de esa oficina, podrían ser utilizados como parte del clientelismo político que emprenderá este gobierno en las campañas del 2010 y el 2011.

Y es que la joven abogada Lozada, administra desde el pasado 3 de octubre los bienes incautados a las organizaciones de narcotraficantes (dinero, joyas, autos, camionetas hasta casas, edificios y demás propiedades), durante el proceso judicial que se les sigue a los integrantes de estas bandas organizadas y que luego son designados a las entidades del Estado y municipalidades.

Es por ello que para Rospigliosi, coincidiendo con el autor de la denuncia, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, “ya no cabe duda que el ministro del Interior, Octavio Salazar, está pagando favores políticos poniendo a gente inadecuada en un cargo delicado que si es mal manejado, puede dar lugar a muchos problemas y servir para el clientelismo”.

Como informó LA PRIMERA, Salazar luego de asumir el cargo de ministro contrató a 49 personas más, entre las cuales se encuentran investigados y sancionados por la Contraloría y el Poder Judicial, además de 15 asesores y 41 miembros que comprenden su seguridad personal, que generan un inmenso gasto al ministerio.

Hay más
La esposa de Miguel del Castillo no sólo se hará cargo de la droga incautada en los Valles de los Ríos Apurímac y Ene y el Alto Huallaga, sino también de las incineraciones y demás procesos que deriven de éstas. “Por eso, es increíble que se nombre a una persona en un cargo tan delicado, sólo porque es pariente de un político aprista. La verdad es que es un error”, indicó el ex ministro a este diario.

Consultado si conoce o sabe de alguna experiencia de Lozada en temas de narcotráfico, Rospigliosi fue tajante: “Jamás. No tiene ninguna relación con el tema. Es simplemente el padrinazgo de Del Castillo. Ella no tiene ningún tipo de calificación hasta donde se conoce, en un tema tan delicado como la lucha contra las drogas”.

Además, sostuvo que la abogada Patricia Lozada, militante del Partido Aprista, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debe salir inmediatamente de la Ofecod para designar a un experto en el tema y que no sea pariente del algún alto dirigente del Partido Aprista.

LA PRIMERA intentó conversar sobre este caso con el ministro Salazar quien no asistió ayer a un evento en Santa Anita tal como estaba previsto; pero a la actividad sólo llegó el viceministro Walter Mori. También este diario intentó comunicarse, vía teléfono celular, con la directora de la Ofecod y su esposo Miguel del Castillo pero la primera jamás contestó y el segundo, tiene el celular apagado.

También se reiteró el pedido para una entrevista con el ministro y Lozada a la Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior (OCOSMIN), pero sin suerte. Jorge del Castillo tampoco habló pues ayer viajó a Trujillo.