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miércoles, 21 de octubre de 2009

Advierten que presidente Alan García y ministro de Transportes, Enrique Cornejo, serán responsables de las pérdidas.

Paro total de puertos por “faenón” de Paita

Crece indignación por clamoroso atentado contra los intereses del país.

Además de permitir el alza de tarifas, el criticado contrato establece que a partir del 1 de enero del 2011, los precios en Paita tomarán en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de EEUU.
Una paralización total de actividades se cumplirá este lunes en los 10 terminales portuarios que aún administra la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) en la costa y la selva, en demanda de la revisión y anulación del irregular contrato de concesión del puerto de Paita. “Las pérdidas que se ocasionen serán de entera responsabilidad de Alan García y su ministro de Transportes, Enrique Cornejo, que han promovido este faenón”, dijo a este diario el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores (Fentenapu), Gustavo Gutiérrez.

El paro se iniciará a las 23 horas del domingo 25 de octubre, por un lapso de 24 horas, pero podría derivar en una medida indefinida si es que los representantes de las diversas actividades lo deciden.

Suspenderán sus actividades un total de 5,000 trabajadores, tanto de Enapu como de los gremios de estibadores, transportistas, almaceneros, de las agencias de aduana, entre otros, de los puertos del Callao, Salaverry, Chimbote, Huacho, Supe, Pisco e Ilo; así como los terminales de la selva: Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa.

También en el epicentro de la cuestionada privatización, en Paita, se sentirá la interrupción de las actividades, pues además de estibadores, transportistas y almaceneros, que han sido afectados directamente por el inicio de actividades del consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), paralizarán labores y saldrán a protestar los productores y empresarios agrarios, pesqueros e industriales que ya son perjudicados por las excesivas tarifas que ha impuesto el concesionario privado. La comunidad portuaria del puerto de Matarani, terminal que fue privatizado en el gobierno del ex dictador Fujimori, también participará de la protesta para exigir la anulación del contrato de Paita.

Previamente a la paralización nacional, los trabajadores de Enapu-Callao realizarán hoy una movilización hasta la sede de la Municipalidad Provincial, para exigir la anulación del contrato de Paita y para dejar a salvo de la privatización al puerto chalaco.

En tanto, frente a la avalancha de críticas que ha ocasionado la descomunal alza de tarifas de los servicios en el puerto de Paita, la empresa concesionaria tomó ayer la iniciativa y buscó reunirse con los grandes exportadores, agremiados en la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y ex senador, Andrés Luna Vargas, recordó que el modelo de concesión de corte neoliberal aplicado en Paita, tal como lo permite el artículo 62º de la Constitución (relativo a los contratos-ley), otorga al concesionario la prerrogativa de bajar sus tarifas y establecer acuerdos con las empresas, como al parecer lo hará con las grandes agencias navieras del medio.

Estimó que las críticas y las pérdidas que ocasionará el “tarifazo” de TPE y que se han previsto en sobre-costos de más de cuatro millones de dólares a productores agrarios, además de las ganancias que se dejarán de percibir por el puerto en un orden de 3 y medio millones de dólares, responden a la lógica de la empresa de hacer caja con el dinero que provendrá del Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), que es una de las cláusulas más criticadas del contrato y que el Estado deberá pagar a TPE por espacio de 25, de los 30 años que constituyen el contrato.

Están buscando que no sea muy notoria la diferencia, señaló Luna Vargas, quien recordó que los funcionarios que negociaron el contrato se atribuyeron irregularmente funciones legales que no les correspondían y permitieron el IMAG que representará un desembolso de 162 millones de dólares del presupuesto de la República, según estimados.




Contra Nadine Heredia. Su abogado Omar Chehade acusa al Apra por la investigación abierta por fiscalía a esposa de Ollanta.

Alega maniobra política

Nadine Heredia se presentó a la Fiscalía por voluntad propia.

Ollanta Humala, ex candidato presidencial, calificó de “patraña con fines políticos” la investigación que la Fiscalía le ha abierto a su esposa Nadine Heredia por presuntos ingresos irregulares de dinero a sus cuestas bancarias.
Omar Chehade, abogado de Nadine Heredia, sostuvo ayer que en la investigación fiscal por ingresos sospechosos de su cliente, hay un intento aprista de mancharla políticamente, mientras la fiscal Gladys Echaíz apoyó la pesquisa y la consideró justificada, al igual que políticos contrarios a la investigada y su esposo, Ollanta Humala.

“Hay que anotar que se le viola el secreto bancario a una ciudadana que no es funcionaria pública”, para atribuirle falsamente transferencias irregulares por 220 mil dólares a sus cuentas bancarias, advirtió Chehade.

Acusó al Apra de estar detrás de la campaña contra Nadine Heredia y aclaró que ella no ha sido funcionaria pública ni hay nada sospechoso en los depósitos abonados en sus cuentas. “Ella es una profesional con maestrías en administración y economía, y tiene contratos de consultorías, no sólo como colaboradora de un diario”, agregó.

Dijo que es evidente la intención de manchar políticamente a Ollanta Humala y a su esposa, y de “tapar escándalos como la cárcel dorada de Fujimori, las violaciones de los derechos humanos, contratos con el Estado por parte del hermano del premier Javier Velásquez”, entre otros.

Están armando un psicosocial con una supuesta investigación a Nadine Heredia porque necesitan de cortinas de humo para tapar los escándalos en que se ha visto envuelto el gobierno en las últimas semanas, subrayó.

Chehade, ex abogado del Estado peruano, refirió que entregó a la Fiscalía los recibos por honorarios y los contratos profesionales de Nadine Heredia. “Los ingresos de su patrocinada se han acreditado ante la Sunat”, apuntó.

Recordó que su cliente acudió voluntariamente el 1 de octubre a la Fiscalía, aclaró que obtuvo sus ingresos de manera lícita y respondió más de 50 preguntas, sustentando su declaración con documentos y copias de sus contratos profesionales.

La Fiscalía investiga a Heredia debido a que las personas que realizaron transferencias a sus cuentas no justificaron la obtención de los fondos. Chehade alega que llevaban depósitos por encargo de su patrocinada.