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viernes, 16 de octubre de 2009

Amenaza de desalojo de Andahuasi persiste pese a que legalidad del directorio de la empresa fue confirmada por la Sunarp.

Tensión en Andahuasi

Los trabajadores afirman que la venta de acciones era un acto sin valor.

DETALLE

El congresista Rafael Vásquez responsabilizó de las consecuencias que pudiera acarrear un eventual desalojo al ministro del Interior, Octavio Salazar, y afirmó que su bancada está vigilante de cualquier operación que implique el uso de la fuerza.
Los ánimos siguen caldeados en la empresa azucarera Andahuasi, donde la situación se torna más tensa conforme pasan las horas. Anoche comenzaron a llegar más efectivos policiales con el evidente fin de proceder al desalojo, que puede desencadenar una tragedia, aunque el desalojo devino improcedente, por haber confirmado la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) el reconocimiento del directorio vigente.

En tanto, Efraín Wong, representante de la Corporación Wong, con el evidente fin de doblegar la resistencia de los trabajadores, llamó a éstos a acatar el desalojo y les ofreció pagar salarios pendientes.

Sin embargo, los trabajadores, concentrados cerca del puente Andahuasi manifestaron estar dispuestos a defenderse y calificaron de ilegal la venta de acciones, mientras el directorio comunicó al juez suplente Leoncio Bolaños, autor de la orden de desalojo, que éste no procese por el reconocimiento de los ocupantes como directorio legítimo, lo que fue publicado en la página web de la Sunarp.

El asesor legal de la empresa azucarera Andahuasi, Héctor Valer, confirmó que el proceso de inscripción del directorio concluyó ayer, por lo cual la orden de desalojo dictada por el juez Bolaños, del Juzgado de Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, ha quedado sin argumentos jurídicos.

“Esta directiva ha sido reconocida formal y legalmente. La medida cautelar del juez Bolaños ya no procede porque todos los argumentos con los que contaba han quedado descartados”, explicó a LA PRIMERA.

Valer aseguró que el juez no tiene más alternativa que emitir un dictamen que revoque la medida cautelar, pues estaría cometiendo los delitos de prevaricato y abuso de autoridad en caso persista en mantener la orden de desalojo.

“El juez debe remitir la orden de revocatoria para que la Policía Nacional se repliegue a sus comisarías. El juez cometería delito flagrante de no hacerlo. Automáticamente, podría ser destituido del cargo e iniciarse un proceso penal en su contra”, manifestó.

Por otro lado, Efraín Wong, alegó una resolución judicial que supuestamente anuló la medida cautelar que había invalidado la venta irregular de 50 millones de acciones a este grupo empresarial por parte del presidente del directorio de Andahuasi, Eduardo Núñez Cámara, desautorizado por los trabajadores y los accionistas del grupo Bustamante.

Valer descartó que esta resolución judicial haya legitimado la postura de Núñez Cámara, pues la directiva actual presentó el recurso de apelación en segunda instancia, ese mismo día, y ambas partes deben esperar el veredicto de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev). “Los 50 millones han quedado congelados y en observación”, subrayó.

Vuelven las protestas

Miles de docentes universitarios afiliados a la Fendup marcharon al Congreso y mujeres campesinas realizaron plantón frente a la PCM.

Vuelven las protestas

Miles de docentes universitarios marcharon al parlamento exigiendo se cumpla con homologación.

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De otro lado, gremios afiliados a la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) marcharon rumbo a la sede de la PCM como pre aviso al paro convocado para el 5 de noviembre. Según el Secretario General de este gremio, Elías Grijalva, a pesar de solicitar un diálogo con el gobierno, no encuentran respuesta a su pedido. “Hay temas aún pendientes, como que se aperturen las mesas de diálogo y se incremente la remuneración mínima vital de los trabajadores del sector público a S/, 800”, dijo.
Ratificando una mañana de protestas en las calles, más de tres mil miembros de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), marcharon al Congreso, para hacerle llegar a su presidente, Luis Alva Castro, un memorial, exigiendo la culminación del programa de homologación en su tercer tramo, el incremento de presupuesto para las universidades públicas y el respeto al medio pasaje universitario.

El presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup), Gustavo Iberico Vela, manifestó que “los docentes universitarios estamos combatiendo en las calles desde el 23 de setiembre, fecha en que se iniciara nuestra huelga nacional indefinida, ya que el Estado no hace nada para solucionar nuestros problemas”.

“Exigimos una mejor inversión para la universidad pública, puesles dan todas las facilidades a las privadas y a nosotros nos discriminan. Pedimos que se invierta en la implementación de laboratorios y bibliotecas. El medio pasaje no es respetado, por lo que exigimos que tenga una vigencia de todos los días del año y las 24 horas del día”, agregó Iberico.

Y en el Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebró ayer, más de un centenar de dirigentas sociales de las diversas regiones, de la Federación Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), protestaron frente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de exigir y promover la defensa del medio ambiente y una mayor participación política y social en el país.

Su dirigente nacional, Lourdes Huanca, fue la encargada de entregar a los funcionarios de cada dependencia nacional e internacional su pedido recordando que cuenta con el respaldo del 49% de mujeres rurales, quienes aportan a la economía pese a que son discriminadas y hasta explotadas en sus centros de labores porque aún no se promulga la Ley General del Trabajo.

Por su parte, la dirigenta de La Libertad, Gladys Campos, recordó que su lucha también se enmarca en el Día Mundial de la Alimentación que se celebra hoy viernes, por lo que pidió al gobierno tener una clara política de promoción de la agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria.


Desde la cumbre del poder protegen al reo Fujimori

Desde la cumbre del poder protegen al reo Fujimori

Testimonio irrefutable. En la foto no hay ningún agente del INPE con Fujimori, sino personal de Dinoes.

“Ojalá que esta denuncia sea ocasión para que el Ministerio de Justicia, que debe representar a las víctimas, evalúe la peligrosidad del lugar designado para la reclusión de este delincuente”, afirmó indignada Gisella Ortiz.
El INPE ha demostrado una vez más que no hay seguridad, resguardo, ni vigilancia sobre el condenado en el penal Barbadillo. Gollerías de ex dictador sorprenden al mundo.

El riesgo que el ex dictador Alberto Fujimori fugue sigue latente, dados sus antecedentes, afirmó ayer el abogado Carlos Rivera, quien además indicó que existe una clara responsabilidad legal y administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de la Policía Nacional, y de los ministros de Justicia e Interior que le permiten tantas licencias al reo.

Rivera recordó que Fujimori tiene como antecedentes su huida en el año 2000 a Japón, desde donde renunció a la presidencia vía fax; así como sus intentos de escape en Chile, país del que finalmente fue extraditado. Sin embargo, las autoridades tratan con mucha indulgencia al condenado Fujimori, quien cumple una pena de 25 años por ser culpable de los crímenes de lesa humanidad de La Cantuta y Barrios Altos, manifestó.

Dijo a LA PRIMERA que “el ministro Aurelio Pastor debe rendir cuentas en términos políticos y legales sobre por qué está permitiendo este tipo de licencias a una persona condenada por graves violaciones a los derechos humanos”, porque no es dable que Fujimori haya estado paseando fuera del recinto penal en que la justicia lo ha encerrado, con el agravante que estaba acompañado de un alto oficial de la Policía Nacional.

Sanciones
Está claro, reafirmó Rivera, que existe una decisión política de no perjudicar a Fujimori y no restarle beneficios en el penal. “No desautorizar esas concesiones, a partir de decisiones políticas que se toman en instancias que van mucho más arriba del jefe del INPE, es gravísimo”, aseveró.

Para Rivera, la comprobación que el ex dictador salió del perímetro de su recinto carcelario y acompañado por el jefe de la Dinoes, coronel Herman Valdivieso, amerita la destitución del jefe del penal de Barbadillo, Paulo Melendres, porque está dejando salir a la única persona que tiene que cuidar que permanezca encerrada. Precisó que le corresponde al ministro Pastor aplicar también una sanción al jefe del INPE, Jorge León.

Insistió que debe haber una valoración sobre las licencias, libertades y beneficios indebidos que tiene Fujimori en el penal de Barbadillo, ubicado dentro del local central de la Dinoes, que no son de ayer, sino desde que se realizaba el proceso judicial.

Pedraza
El ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, calificó el reciente escándalo de Fujimori como una liberalidad y un exceso de parte de las autoridades penitenciarias y del mismo sentenciado. “Si la salida no era autorizada y es irregular tienen que responder los funcionarios penitenciarios y el mismo Fujimori por qué pasó el límite”, aseguró.

Advirtió que las fotografías de Fujimori demuestran que no tenía la ropa adecuada como para decir que en ese momento, practicaba la jardinería, ni iba a botar la basura o iba a sacar objetos que para eso sí existe una disposición que lo permite.

Lina Godoy
Redacción