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viernes, 16 de octubre de 2009

Amenaza de desalojo de Andahuasi persiste pese a que legalidad del directorio de la empresa fue confirmada por la Sunarp.

Tensión en Andahuasi

Los trabajadores afirman que la venta de acciones era un acto sin valor.

DETALLE

El congresista Rafael Vásquez responsabilizó de las consecuencias que pudiera acarrear un eventual desalojo al ministro del Interior, Octavio Salazar, y afirmó que su bancada está vigilante de cualquier operación que implique el uso de la fuerza.
Los ánimos siguen caldeados en la empresa azucarera Andahuasi, donde la situación se torna más tensa conforme pasan las horas. Anoche comenzaron a llegar más efectivos policiales con el evidente fin de proceder al desalojo, que puede desencadenar una tragedia, aunque el desalojo devino improcedente, por haber confirmado la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) el reconocimiento del directorio vigente.

En tanto, Efraín Wong, representante de la Corporación Wong, con el evidente fin de doblegar la resistencia de los trabajadores, llamó a éstos a acatar el desalojo y les ofreció pagar salarios pendientes.

Sin embargo, los trabajadores, concentrados cerca del puente Andahuasi manifestaron estar dispuestos a defenderse y calificaron de ilegal la venta de acciones, mientras el directorio comunicó al juez suplente Leoncio Bolaños, autor de la orden de desalojo, que éste no procese por el reconocimiento de los ocupantes como directorio legítimo, lo que fue publicado en la página web de la Sunarp.

El asesor legal de la empresa azucarera Andahuasi, Héctor Valer, confirmó que el proceso de inscripción del directorio concluyó ayer, por lo cual la orden de desalojo dictada por el juez Bolaños, del Juzgado de Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, ha quedado sin argumentos jurídicos.

“Esta directiva ha sido reconocida formal y legalmente. La medida cautelar del juez Bolaños ya no procede porque todos los argumentos con los que contaba han quedado descartados”, explicó a LA PRIMERA.

Valer aseguró que el juez no tiene más alternativa que emitir un dictamen que revoque la medida cautelar, pues estaría cometiendo los delitos de prevaricato y abuso de autoridad en caso persista en mantener la orden de desalojo.

“El juez debe remitir la orden de revocatoria para que la Policía Nacional se repliegue a sus comisarías. El juez cometería delito flagrante de no hacerlo. Automáticamente, podría ser destituido del cargo e iniciarse un proceso penal en su contra”, manifestó.

Por otro lado, Efraín Wong, alegó una resolución judicial que supuestamente anuló la medida cautelar que había invalidado la venta irregular de 50 millones de acciones a este grupo empresarial por parte del presidente del directorio de Andahuasi, Eduardo Núñez Cámara, desautorizado por los trabajadores y los accionistas del grupo Bustamante.

Valer descartó que esta resolución judicial haya legitimado la postura de Núñez Cámara, pues la directiva actual presentó el recurso de apelación en segunda instancia, ese mismo día, y ambas partes deben esperar el veredicto de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev). “Los 50 millones han quedado congelados y en observación”, subrayó.

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