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sábado, 24 de octubre de 2009

Congreso Mediocre

Lima. Si el Parlamento de Fujimori fue el más corrupto y autoritario, el Congreso de hoy es el más inepto desde 1980. El Parlamento de Toledo también fue mediocre, pero a diferencia del actual no fue controlado vergonzosamente por la segunda minoría política, ni mucho menos contó con una oposición indisciplinada, y oportunista.

¿Puede un Parlamento ser mediocre, inepto, o ineficiente? Coloquialmente, SÍ, aunque en puridad sólo son mediocres los congresistas individualmente considerados. La reputación de la cámara queda desprestigiada por la actitud y el comportamiento de sus miembros, únicos responsables del nefasto papel que viene ejerciendo este poder del Estado.

La fijación discrecional de su techo presupuestal, y por consiguiente de los salarios congresales; la aprobación de iniciativas legislativas improvisadas; la claudicación de su función fiscalizadora y de control político; su papel de mesa de partes del APRA; su pobre función deliberativa; y la manipulación interesada de las prerrogativas parlamentarias; etc., dejan mucho que desear.

Hoy, a 2 años de las elecciones generales, el Parlamento mediocre quiere recuperar terreno. La resolución legislativa 3450/2009 que dispone la constitución de los congresistas en la circunscripción electoral que representan, para atender sus demandas, no tiene nada de funcional ni de vanguardia. Es, si se quiere, “demagogia legislativa” de cara a las elecciones del 2011.

¿Por qué esta iniciativa no es funcional? Primero, porque es necesario recordar un principio clásico de la teoría política. ¿A quién representan los parlamentarios? De acuerdo a la carta política fundamental, los congresistas representan a la nación. No representan ni a sus circunscripciones electorales, ni a sus miles de votantes, ni mucho menos a sus partidos políticos.

Los congresistas se deben al pueblo, no a sus pueblos, y por ello no están sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, la resolución 3450 trastoca este principio de representación política, trasladándola a los distritos electorales donde obtuvieron la votación respectiva. Tal principio, cuestionable para un sector doctrinal, imposibilita la instauración de revocatoria congresal, pues al ser representante nacional tendría que ser la nación quien revoque el mandato.

Segundo, el tiempo de 5 días mensual es nada para departamentos como Ayacucho, Cusco, Ancash, Cajamarca, y otros tantos, cuyo déficit de infraestructura vial impiden trasladarse con celeridad por cada una de sus provincias. ¿Cuánto demanda el viaje total a las 11 provincias ayacuchanas?, ¿Habrá tiempo para realizar talleres, foros, reuniones, con la población? Sin duda, esta medida está pensada para las capitales de los departamentos.

Tercero, aún cuando el Parlamento tiene potestad para fiscalizar a cualquier autoridad, el grueso de su actuación debe circunscribirse a las entidades de alcance nacional, escenarios donde se realizan los grandes “faenones”. Por lo demás, el Congreso ejerce control político sobre el Gobierno y no sobre otra autoridad pública. Si lo que se quiere es mediar entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo, ¿para qué están las oficinas desconcentradas de los ministerios?, ¿para qué sirven los prefectos y los gobernadores?

Finalmente, ¿quién costeará los viajes y viáticos de los parlamentarios? Si lo asumen a título individual, no habrá problemas para el erario público; pero si lo va a asumir la entidad, como pliego presupuestal, se incrementarán los gastos de representación y por ende el presupuesto institucional. Todo hace prever que estos viajes serán asumidos por todos los peruanos. ¡Bonita gracia!

















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