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El legislador Carlos Cánepa indicó que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas deben cumplir rigurosamente con lo establecido en el proceso de contrataciones.
Los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso demandaron ayer a la Contraloría y a la Inspectoría del Ejército que investiguen exhaustivamente las irregularidades cometidas en la compra de un sistema de comunicación satelital por parte del Ejército Peruano a una empresa que ni siquiera tiene domicilio legal en nuestro país.
El congresista Carlos Cánepa, de Unión por el Perú, indicó que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas deben cumplir rigurosamente con lo establecido en el proceso de contrataciones y que si la empresa STM Group INC no figura en el Registro Nacional de Proveedores, la Contraloría debe intervenir para revisar el proceso y verificar si se han cometido irregularidades.
“Si hay indicios de irregularidades, se podrá citar también a los involucrados a la Comisión de Defensa del Parlamento para que respondan por estos hechos. El subgrupo de trabajo que tiene que ver con el seguimiento de las adquisiciones en las Fuerzas Armadas debería también interesarse en el caso, agregó Cánepa.
Por su parte, el aprista Edgard Núñez, ex presidente de la Comisión de Defensa, justificó la compra a Gillat Satellite Networks Ltda y Gillat to Home Perú S.A., consorcio que fue descalificado del proceso de licitación. Núñez dijo que por el tipo de material, la adquisición pudo haberse decidido para asegurar que el sistema de codificado del producto sea serio. Sin embargo, admitió que es necesaria una investigación en caso la empresa ganadora no haya cumplido con todos los requisitos del proceso, ya que “es necesario que estos procesos de compras sean realizados con total transparencia y, además, para no manchar la imagen del Ejército Peruano”.
En la misma línea, Yonhy Lescano, congresista de la bancada de Alianza Parlamentaria, dijo que en nuestro país existe una especie de impunidad para robarle al Perú en todas las adquisiciones que ejecuta el Estado. “A esta situación debe ponérsele un freno de una vez por todas. En este caso el Parlamento debe ser celoso para fiscalizar, la Contraloría debe cumplir su rol fiscalizador y las propias instituciones armadas deben hacerlo también para deslindar responsabilidades”, puntualizó Lescano.
El congresista nacionalista Cayo Galindo calificó de grave y escandalosa la adquisición de un sistema de comunicación, por más de cinco millones de dólares a STM Group INC, empresa que tiene su domicilio en California, Estados Unidos, y no cuenta con representantes legales ni domicilio legal en el Perú, tal como denunció LA PRIMERA.
Asimismo, criticó la compra puesto que, explicó, en caso de tener que resolver el incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, el Estado peruano tendría que recurrir a los tribunales de California y no a la justicia peruana, como debe ser.
“Estas irregularidades hacen suponer que alguien se ha beneficiado de manera irregular con la compra a esta empresa. Inspectoría General del Ejército debería tomar cartas en el asunto de inmediato, pero también las comisiones de Fiscalización y Defensa del Congreso porque de por medio están recursos del Estado. Voy a solicitar formalmente que esta denuncia sea investigada”, sostuvo Galindo.
Marco Cáceres
Redacción
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