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sábado, 24 de octubre de 2009

Si en 20 días no ponen fin a su pretensión de disolver Aidesep y no cesa persecución de dirigentes empezarán protestas. Anuncian marcha de cinco suyos.

Ultimátum al gobierno


Si en 20 días el gobierno no pone fin a la persecución judicial contra los dirigentes nativos, no cumple con los acuerdos adquiridos con las comunidades indígenas y persiste en su pretensión de disolver la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); entonces los dirigentes nativos se retirarán de las Mesas de Diálogo y reactivarán la lucha amazónica.

A este acuerdo llegaron anoche los máximos líderes de Aidesep, quienes sostuvieron una reunión de urgencia en Lima ante el pedido de la Procuraduría de cerrar definitivamente esta organización. Durante la mañana el secretario nacional de organización de Aidesep, Saúl Puerta, y otros dirigentes expresaron su deseo de no romper el diálogo con el gobierno.

“Con todas las formas de amedrentamiento el gobierno nos quiere hacer pisar el palito para que digan después que los pueblos indígenas se retiraron por intolerantes. Todos estos acosos y esta persecución por parte del gobierno hace peligrar la credibilidad de las mesas, pero nosotros no nos vamos a retirar. Vamos a continuar exigiendo que se cumpla con los acuerdos y los compromisos del gobierno”, sostuvo Puerta.

Sin embargo, la información de que el gobierno tranza por debajo de la mesa con la “nueva directiva” de Aidesep pesó más en la decisión de las bases nativas, que decidieron finalmente dar un ultimátum al gobierno.

Ocurre que por documentos oficiales los dirigentes nativos confirmaron ayer que el gobierno intenta sabotear el diálogo, ya que por un lado incluye en las Mesas de Diálogo a la dirigencia de Aidesep que sigue teniendo a Alberto Pizango como su presidente, y por otro lado tranza con la “nueva dirigencia” de Aidesep y realiza gestiones para entregarle a esta última dinero del Estado, con la intención expresa de “contrarrestar la política establecida por los ex dirigentes indígenas de dicha organización”.

Bajo la Mesa
Este doble juego queda manifestado en documentos cursados entre funcionarios del Estado, oficios a los que LA PRIMERA tuvo acceso. El 2 de octubre de 2009, a través del oficio Nº 1220-2009-PCM/SC, el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa (aprista), le envía un documento al presidente ejecutivo de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Amazónicos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista (aprista), para que atienda el pedido de dinero para la “nueva dirigencia” de Aidesep.

Según este documento, “el nuevo consejo directivo de Aidesep solicita apoyo económico para el funcionamiento de una comisión organizadora de emergencia “para contrarrestar la política establecida por los ex dirigentes indígenas de Aidesep”. Con el oficio Nº 083-2009-INDEPA/ST Mayta Cápac responde que la dirigencia no reconocida les entregará presupuesto del Estado en el ejercicio presupuestal del año 2010.

Cinco Suyos
Ante esto, Saúl Puerta y Vladimiro Tapayauri reafirmaron la idea de realizar próximamente una movilización, que han denominado “Marcha de los Cinco Suyos”. “Los acuerdos no se están cumpliendo y continúan las mecidas, Aidesep tiene un acuerdo con el Congreso para derogar los decretos, pero esto tampoco está siendo cumplido. Si esto continúa los pueblos van a pronunciarse y harán un llamado a una marcha pacífica a nivel nacional, será convocada en los Cinco Suyos de los Pueblos Indígenas Amazónicos”, señaló el dirigente indígena tras dejar en claro que los pueblos indígenas ya no desean realizar movilizaciones que terminen en hechos luctuosos como los del pasado 5 de junio en la “Curva del Diablo”. “Solicitamos al premier Javier Velásquez que la resolución para dialogar e investigar el caso de Bagua se haga a través de un Decreto Supremo, es decir, un marco legal para que todo lo que hagamos en adelante tenga sentido, pero tampoco han hecho eso”, cuestionó Saúl Puerta, quien la semana pasada regresó de Nicaragua, donde tenía asilo político.

Nuera de Del Castillo en puesto para clientelismo

La abogada Lozada decide qué se hace con lo incautado a los narcotraficantes.

“Sin duda, el ministro del Interior y la abogada Patricia Lozada se sienten culpables y están evitando dar la cara”, aseguró el ex ministro Fernando Rospigliosi.
Gana 10 mil soles en oficina de control de incautaciones del narcotráfico del Ministerio del Interior y no responde a la prensa. “La han puesto ahí con miras a las próximas elecciones”, dice ex ministro.

Para el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, no cabe duda que la presencia de la nuera del ex premier Jorge del Castillo, Patricia Lozada Valderrama, esposa de “Miguelito” del Castillo, como directora de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), es clave para las próximas elecciones municipales y regionales y hasta presidenciales pues los bienes incautados al narcotráfico, trabajo de esa oficina, podrían ser utilizados como parte del clientelismo político que emprenderá este gobierno en las campañas del 2010 y el 2011.

Y es que la joven abogada Lozada, administra desde el pasado 3 de octubre los bienes incautados a las organizaciones de narcotraficantes (dinero, joyas, autos, camionetas hasta casas, edificios y demás propiedades), durante el proceso judicial que se les sigue a los integrantes de estas bandas organizadas y que luego son designados a las entidades del Estado y municipalidades.

Es por ello que para Rospigliosi, coincidiendo con el autor de la denuncia, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, “ya no cabe duda que el ministro del Interior, Octavio Salazar, está pagando favores políticos poniendo a gente inadecuada en un cargo delicado que si es mal manejado, puede dar lugar a muchos problemas y servir para el clientelismo”.

Como informó LA PRIMERA, Salazar luego de asumir el cargo de ministro contrató a 49 personas más, entre las cuales se encuentran investigados y sancionados por la Contraloría y el Poder Judicial, además de 15 asesores y 41 miembros que comprenden su seguridad personal, que generan un inmenso gasto al ministerio.

Hay más
La esposa de Miguel del Castillo no sólo se hará cargo de la droga incautada en los Valles de los Ríos Apurímac y Ene y el Alto Huallaga, sino también de las incineraciones y demás procesos que deriven de éstas. “Por eso, es increíble que se nombre a una persona en un cargo tan delicado, sólo porque es pariente de un político aprista. La verdad es que es un error”, indicó el ex ministro a este diario.

Consultado si conoce o sabe de alguna experiencia de Lozada en temas de narcotráfico, Rospigliosi fue tajante: “Jamás. No tiene ninguna relación con el tema. Es simplemente el padrinazgo de Del Castillo. Ella no tiene ningún tipo de calificación hasta donde se conoce, en un tema tan delicado como la lucha contra las drogas”.

Además, sostuvo que la abogada Patricia Lozada, militante del Partido Aprista, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debe salir inmediatamente de la Ofecod para designar a un experto en el tema y que no sea pariente del algún alto dirigente del Partido Aprista.

LA PRIMERA intentó conversar sobre este caso con el ministro Salazar quien no asistió ayer a un evento en Santa Anita tal como estaba previsto; pero a la actividad sólo llegó el viceministro Walter Mori. También este diario intentó comunicarse, vía teléfono celular, con la directora de la Ofecod y su esposo Miguel del Castillo pero la primera jamás contestó y el segundo, tiene el celular apagado.

También se reiteró el pedido para una entrevista con el ministro y Lozada a la Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior (OCOSMIN), pero sin suerte. Jorge del Castillo tampoco habló pues ayer viajó a Trujillo.

Próximo año darán más importancia a contaminación del río Chira según ministro Brack

antonio_brack001_piuraPiura. Recien el próximo año se dará mayor interés al tema de la contaminación del río Chira, según el ministro del Ambiente Antonio Brack, quien participó el último jueves en Piura en la cita binacional de Gabinetes de Perú y Ecuador; al ser consultado precisó que la solución está en la población misma y en determinar las responsabilidades de la empresa que gestiona las aguas servidas.

Antonio Brack, indicó que en este año su agenda se encuentra cubierta y que en el próximo año se denunciará a quien tiene que denunciarse; sin embargo, al ser informado que se han presentado varias denuncias y que no han tenido resultados, él en tono sonriente dijo que deberá volverse a denunciar. Indicó que en el 2010 tiene más presupuesto y eso le permitirá abrir nuevos campos de atención.

"La Ley Orgánica de Municipalidades otorga facultades a los municipios y en ese marco deberá contemplarse la soluciòn" indicó Brack, para referirse que el alcalde de la ciudad y sus regidores tienen la potestad para evitar que el río Chira siga siendo contaminado.

Al expresársele que el alcalde de Sullana ha demostrado total incapacidad para solucionar los problemas de la provincia, Brack manifestó que en la próxima elección debe elegirse y escoger bien.

Antonio Brack fue invitado en su momento por el empresario Pepe Samaniego de La Cotera, con la finalidad de encontrar una solución a la amplia contaminación del río Chira, hacia cuya fuente se derivan los desagües de la ciudad de Sullana que tiene una población urbana estimada de unas 200 mil personas; pero Brack ha descartado visitar esta ciudad durante el 2009.

El río Chira es la despensa de agua de toda la región Piura y actualmente sirve para el desarrollo de importantes proyectos agrícolas de impacto nacional, como son los proyectos de sembrío de caña de azúcar para etanol; y de la reconversión agraria para productos de exportación; tiene agua regulada y su correntía es permanente; sin embargo, no se le da la atención debida para acabar con la alta contaminación que soporta como consecuencia de los vertideros de aguas servidas.

Desde El Regional hemos insistido en su solución, y en reemplazo de acciones concretas para acabar con el mal, se han gastado desde la Municipalidad de Sullana miles de nuevos soles en estudios que no han dado resultados y que nadie da la cara para aceptar su total fracaso.

Se espera que las fuerzas vivas en el 2010, sigan insistiendo para que el Gobierno Nacional actúe y determine medidas concretas contra la contaminación del río màs importante del norte peruano.


Congreso Mediocre

Lima. Si el Parlamento de Fujimori fue el más corrupto y autoritario, el Congreso de hoy es el más inepto desde 1980. El Parlamento de Toledo también fue mediocre, pero a diferencia del actual no fue controlado vergonzosamente por la segunda minoría política, ni mucho menos contó con una oposición indisciplinada, y oportunista.

¿Puede un Parlamento ser mediocre, inepto, o ineficiente? Coloquialmente, SÍ, aunque en puridad sólo son mediocres los congresistas individualmente considerados. La reputación de la cámara queda desprestigiada por la actitud y el comportamiento de sus miembros, únicos responsables del nefasto papel que viene ejerciendo este poder del Estado.

La fijación discrecional de su techo presupuestal, y por consiguiente de los salarios congresales; la aprobación de iniciativas legislativas improvisadas; la claudicación de su función fiscalizadora y de control político; su papel de mesa de partes del APRA; su pobre función deliberativa; y la manipulación interesada de las prerrogativas parlamentarias; etc., dejan mucho que desear.

Hoy, a 2 años de las elecciones generales, el Parlamento mediocre quiere recuperar terreno. La resolución legislativa 3450/2009 que dispone la constitución de los congresistas en la circunscripción electoral que representan, para atender sus demandas, no tiene nada de funcional ni de vanguardia. Es, si se quiere, “demagogia legislativa” de cara a las elecciones del 2011.

¿Por qué esta iniciativa no es funcional? Primero, porque es necesario recordar un principio clásico de la teoría política. ¿A quién representan los parlamentarios? De acuerdo a la carta política fundamental, los congresistas representan a la nación. No representan ni a sus circunscripciones electorales, ni a sus miles de votantes, ni mucho menos a sus partidos políticos.

Los congresistas se deben al pueblo, no a sus pueblos, y por ello no están sujetos a mandato imperativo. Por lo tanto, la resolución 3450 trastoca este principio de representación política, trasladándola a los distritos electorales donde obtuvieron la votación respectiva. Tal principio, cuestionable para un sector doctrinal, imposibilita la instauración de revocatoria congresal, pues al ser representante nacional tendría que ser la nación quien revoque el mandato.

Segundo, el tiempo de 5 días mensual es nada para departamentos como Ayacucho, Cusco, Ancash, Cajamarca, y otros tantos, cuyo déficit de infraestructura vial impiden trasladarse con celeridad por cada una de sus provincias. ¿Cuánto demanda el viaje total a las 11 provincias ayacuchanas?, ¿Habrá tiempo para realizar talleres, foros, reuniones, con la población? Sin duda, esta medida está pensada para las capitales de los departamentos.

Tercero, aún cuando el Parlamento tiene potestad para fiscalizar a cualquier autoridad, el grueso de su actuación debe circunscribirse a las entidades de alcance nacional, escenarios donde se realizan los grandes “faenones”. Por lo demás, el Congreso ejerce control político sobre el Gobierno y no sobre otra autoridad pública. Si lo que se quiere es mediar entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo, ¿para qué están las oficinas desconcentradas de los ministerios?, ¿para qué sirven los prefectos y los gobernadores?

Finalmente, ¿quién costeará los viajes y viáticos de los parlamentarios? Si lo asumen a título individual, no habrá problemas para el erario público; pero si lo va a asumir la entidad, como pliego presupuestal, se incrementarán los gastos de representación y por ende el presupuesto institucional. Todo hace prever que estos viajes serán asumidos por todos los peruanos. ¡Bonita gracia!

















Pobladores del Alto Chira se oponen a inicio de trabajos mineros

dirigente_somateSullana.- Los pobladores del centro poblado de Somate Bajo, que se oponen a los trabajos de la minera Del norte en este sector, se reunirán mañana en el estadio municipal de Sullana junto a integrantes de las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes del Chira y San Lorenzo para acordar las medidas a tomar en cuanto a este tema.

“El problema que tenemos es por las concesiones y proyectos de explotación de la Minera del Norte en el cerro La Chancadora, ya que de hacerlo repercutirá en la agricultura de todo el Valle del Chira. Aparte hay otras concesiones mineras que afectarían la propia Cuenca del Chira” sostuvo Rufino De Lama Ramírez, Presidente del Frente de Defensa de Somate Bajo contra la Minería.

Según el dirigente, el año pasado la población logró frustrar seis talleres organizados con la minera, los cuales son requisitos para pasar a la fase de exploración y posterior explotación.

“Lograron hacer el séptimo taller con argucias de algunos funcionarios del Estado y de allí tramitaron para pasar a la fase de exploración y luego vendrá la de explotación, por eso este domingo 25 de octubre nos reuniremos para ver qué acciones vamos a tomar”, agregó De Lama.

Por su parte el Vicepresidente de la Asociación Ecologista Trópico Sur, Vicente Zapata Alcorte, señaló que “nosotros como asociación ecologista y que estuvimos metidos en la lucha en el distrito de Tambogrande, vamos a estar presentes en esta reunión, pues como vemos en los mapas que hemos tenido acceso, son un promedio de once petitorios mineros que se han tramitado, entre el 18 de junio y el 10 de julio, que involucra 9 hectáreas de la provincia de Sullana, y que de las cuales siete han sido presentadas por Minera del Norte, la cual pretende la concesión de 6,600 hectáreas en diferentes partes del valle del Chira”, acotó.

Dato

Además de el caso de Somate, en dicha reunión se tocará el tema de los páramos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en donde la minera Majaz viene realizando trabajos mineros que tienen impacto sobre la agricultura de estos sectores.


jueves, 22 de octubre de 2009

Se le suspenderá en el cargo y de recurrir a tercera instancia queda expedita vacancia

Regidor Jimy Granda Marchan al borde de la vacancia al confirmarse condena por delitos contra el honor

  • GEORGINA FRANCOISE RAMIREZ FOURNIER, reemplazará a Granda

El estudiante de derecho y además, el más férreo opositor de la gestión de Jaime Bardales Ruiz, no pudo evitar sentencia en su contra.

Julio,21,2009.- Sullana. Se salió con la suya. El alcalde de Sullana Jaime Bardales Ruiz obtuvo su primer triunfo judicial al lograr que el regidor Jimy Granda Marchand sea condenado por delitos contra el honor y en consecuencia dejarlo al borde de obtener su vacancia, salvo que la Corte Suprema de la República revoque la sentencia en su contra.

En efecto, Jimy Granda Marchand dio declaraciones a este medio y otros radiales de la localidad, expresando que el alcalde de Sullana venía condicionando acciones municipales a cambio de alinearse en la campaña política que impulsa con el movimiento Esperanza Popular. Granda no pudo demostrar la veracidad de sus afirmaciones y en su afán de desvirtuar lo dicho, remitió una carta notarial a El Regional expresando que no dijo lo que dijo.

La sentencia que aún no ha sido notificada ha sido emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, y ratifica la de primera instancia que le impuso dos años de pena privativa de la libertad por el delito de difamación agravada.

Aunque los delitos contra el honor por su carácter especial puede ser recurridos en una tercera instancia, es improbable que en ella se revoque lo resuelto por dos instancias. Es el caso de Magaly Medina que pese a recurrir a la Corte Suprema, finalmente se le impuso una indemnización de 200 mil nuevos soles y además se resolvió que debería pagar al Estado el 50% de sus ingresos al haber impulsado el proceso en esa instancia.

Jimy Granda Marchand, ha sido un regidor que llegó al municipio en el grupo del Alcalde, sin embargo, decidió mantener distancia debido a sospechas de ilegalidades e irregularidades en la gestión del médico Jaime Bardales Ruiz. El caso que marcó el alejamiento definitivo fue la transferencia de recursos de un banco a otro, que actualmente se procesa penalmente.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, basta la sentencia emitida en segunda instancia para que el regidor Granda Marchand sea suspendido en el cargo por Acuerdo de Concejo Municipal. Tan pronto se decida, se procederá a llamar al suplente que es el candidato que le sigue en la lista de Esperanza Popular.

Granda Marchand ha demostrado no tener la estrategia adecuada, para cumplir la función de opositor en la gestión del alcalde Jaime Bardales Ruiz.

En tanto, GEORGINA FRANCOISE RAMIREZ FOURNIER, será quien reemplace a Granda tan pronto se efectivice la suspensión en el cargo o la vacancia de corresponder.